Destacadas Locales Universitarias

Grupo de Universitarios elaboraron documento a favor de la interrupción voluntaria del embarazo

Universitarixs de la UNSJ a favor del aborto legal

San Juan, 3 de Julio de 2018

Educación Sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.

Lxs docentes, investigadorxs, extensionistas, egresadxs y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan abajo firmantes, expresamos nuestro apoyo al tratamiento y aprobación del “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” en el Honorable Senado de la Nación, tras la votación afirmativa de la Honorable Cámara de Diputadxs.
Luego de muchos años de luchas inclaudicables por los derechos de las mujeres e identidades disidentes al hetero-cis-patriarcado, arribamos a un momento histórico en nuestro país: los feminismos han logrado la apertura al debate y el tratamiento en las cámaras legislativas del Proyecto originado por la “Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.
El presente pronunciamiento no constituye un hecho aislado, se inscribe en un conjunto de declaraciones en apoyo al tratamiento y aprobación del mencionado proyecto, tal es el caso del pronunciamiento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la firma de 39 rectorxs de universidades de todo el país, el del Consejo Superior de la UBA, el de la UNER, el de La Pampa, entre otras instituciones de educación superior a lo largo y ancho del territorio.  En consecuencia, siendo parte del sistema público de Educación gratuita y laica, y con la responsabilidad de estar inmersxs en la realidad social que la sostiene, nos vemos con la necesidad de expresarnos frente a un proyecto de ley, que – entendemos – tiene una raíz profundamente Política. No metafísica, no religiosa.
Frente a la pluralidad de posiciones, opiniones y creencias objetivadas, el aborto es una práctica que – independientemente de aquellas – sucede, y sucede en forma clandestina e insegura, y en muchos casos terminando con la vida de las mujeres, reproduciendo así la desigualdad socioeconómica de nuestro país y la región. Por tanto, creemos sumamente necesario avanzar sobre la legalización del aborto hasta la semana 14, esto es, que la interrupción del embarazo en dicho período deje de ser un delito, cuando una persona así lo desee. La simple despenalización habilita la continuidad de los circuitos de clandestinidad y de riesgo sanitario, habilitando a quienes usufructúan con esta práctica, y discriminando a quienes no tengan los recursos necesarios para el acceso a un aborto seguro. La legalización, en cambio, es el reflejo de la obligación internacional establecida en la Convención Americana, de “garantizar derechos” (Art. 1) y de “organizar todo el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de derechos humanos” (Corte IDH). Es por esta declaración que, el fallo “F., A. L.”, de 2012, insta a las autoridades nacionales y provinciales a remover los obstáculos y asegurar el acceso al aborto cuando es legal.
El derecho a decidir sobre la interrupción de un embarazo hasta la semana 14, consagrado en el proyecto de ley que apoyamos, es parte de una consideración integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Se trata de una noción que apuesta a la continuidad de políticas públicas que garanticen los derechos de Salud Sexual y Reproductiva para todas las personas con o sin capacidad de gestar. Cabe señalar la importancia trascendental de políticas de prevención, cuidado, salud y responsabilidad social. Es por ello que también exigimos, en la Provincia de San Juan, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, y que aún no cuenta con docentes capacitadxs en la materia. De este modo, miles de niñxs y adolescentes de toda la provincia no acceden a la Educación Sexual, constituyéndose un porcentaje de embarazo en la adolescencia del 17,3% de los cuales el 64,3% no es intencional, no es deseado1. Asimismo, consideramos necesario y urgente la efectiva aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por las causales contempladas en el código penal vigente. El desconocimiento del Fallo “F., A. L.” se traduce en la privación del acceso a la salud y la negación de derechos. No obstante, no es casual que en nuestra provincia no se avance en la garantía de éstos, cuando la afamada Ley 26.485 de Protección integral a las víctimas de violencia de género, continúa sin presupuesto y sin adhesión del Poder Ejecutivo provincial.
Frente a quienes alegan la inconstitucionalidad de la ley, sostenemos que la adhesión al aborto legal se enmarca en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional por adopción de los Tratados de Derechos Humanos, que poseen jerarquía constitucional y que es garantizan el “derecho a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la intimidad, la dignidad, la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, la autonomía, el derecho a vivir una vida libre de violencia, contra tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El Estado debe implementar las medidas necesarias para eliminar la inequidad y discriminación, basada principalmente en el género, garantizando así el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención de la salud materna, información y servicios de anticoncepción y aborto seguro. En este sentido, la libertad de conciencia comprende el derecho a pensar libremente, a la libertad de creencias, ya sea en materia política, social o religiosa, tal como lo expresan los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional. Así, la objeción de conciencia es un derecho constitucional y personal, y no debe ser impuesta por una institución médica, en toda ocasión, los establecimientos de salud públicos y privados que brinden atención obstétrica y ginecológica deberán garantizar las prácticas médicas que se requieran para la interrupción voluntaria.
En cuanto a los mitos instalados alrededor del proyecto, consideramos importante desmentir la posibilidad de que el proyecto en cuestión habilite expresamente un aborto en caso de malformación o discapacidad fetal. El texto aprobado por la Cámara de Diputadxs establece la causal “inviabilidad fetal extrauterina”, que refiere a un diagnóstico que indique que el feto podría desarrollarse durante la gestación sin posibilidad de sobrevida luego del parto. La Corte Suprema ya se ha expresado al respecto por ejemplo, en el caso de un feto anencefálico (caso Tanus). No hay, por tanto, incompatibilidad con los estándares establecidos por Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por todo ello, entendemos necesario que la comunidad universitaria en su conjunto se exprese respecto del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y acompañe la implementación de políticas públicas que garanticen el cuidado integral de la salud con perspectiva de género. No se trata de metafísica ni religión, sino de intervenir en la realidad social para que esta sea más justa.
Que sea Ley.

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