La CGT convocó ayer a una movilización para el 22 de agosto, dentro de 40 días, forzada por los incidentes durante el desalojo policial a la planta de la alimentaria Pepsico. La central obrera debió motorizar una acción de protesta y la enmarcó en un repudio generalizado a la política económica del Gobierno y la intervención de cuatro sindicatos desde la asunción de Mauricio Macri, aunque la difirió hasta después de las Primarias del 13 de agosto como parte de su lógica de no inmiscuirse en la campaña electoral.

Fue el principal resultado de una reunión del Consejo Directivo de más de cuatro horas en la que llegó a evaluarse la posibilidad de lanzar un paro nacional. Esa alternativa dividió aguas en el máximo órgano ejecutivo de la central y apuró la definición de una marcha como solución salomónica, cuando en la previa nadie apostaba a la posibilidad de una medida de fuerza. La intervención de 500 gendarmes con palazos y gases para desalojar a los trabajadores de Pepsico cambió de manera drástica el tono del debate.

Los principales referentes de la CGT discutieron en un clima de tensión por la obligación de hacerlo presionados para brindar una respuesta en el plano gremial a la represión en Florida, por un lado, y por las filtraciones de sus propias deliberaciones por otro. En un tramo un líder sindical llegó a pedir una pesquisa interna para determinar quiénes daban a conocer conversaciones que casi en simultáneo veían reflejadas en redes sociales.

Como conclusión final se dispuso un acto -a definir sus características- para el 22 de agosto (se escogió la fecha por cumplirse ese día el primer aniversario de la reunificación de la CGT que alumbró el triunvirato de la actual conducción) y previamente, un plenario de secretarios generales ampliado para el 28 de julio en un microestadio.

El encuentro tuvo un arranque con bríos a partir de la intervención de uno de los triunviros, el portuario Juan Carlos Schmid, quien fijó como base la necesidad de dar una respuesta en el plano gremial a la represión policial y no meramente declarativo, como se especuló en la previa. Schmid también cerró el debate con la conclusión, definida a favor del plenario y la marcha.

Otros dirigentes se encargaron de subir la vara. El canillita Omar Plaíni, desplazado de su sindicato días atrás a instancias de una intervención ordenada por la Justicia federal y aplicada por el Gobierno, consideró imperioso el lanzamiento de un paro nacional para replicar ese tipo de acciones y la de Pepsico. En la misma línea, el metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez llegó a sugerir una huelga por 12 horas acompañada de una movilización o bien un paro nacional por 24 horas: “No aceptemos más atropellos, represión ni intervención en los sindicatos”, exigió.

Carlos Acuña, otro de los triunviros, convalidó la necesidad de llevar a cabo una medida de fuerza: “En la calle me dicen que tenemos que hacer algo…”, admitió el gremialista de las estaciones de servicio, que sufrió en carne propia el repudio de manifestantes durante el acto de la CGT del 7 de marzo pasado, que terminó con incidentes.

En tanto que los “independientes” Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez hicieron gala de su condición de equilibristas y dejaron abierta una amplia gama de opciones para impulsar una protesta. Incluso el ferroviario Omar Maturano, que el día anterior en una reunión de la mesa chica de la CGT había sugerido una huelga -cuando nadie sospechaba lo que pasaría al día siguiente en Pepsico- se moderó durante el debate y dijo preferir que la resolución sobre la protesta la tomara el triunvirato.

“Si hay una escalada de esta naturaleza hacemos responsable al Ejecutivo de que suceda una desgracia en el país. El problema social no se resuelve con la lógica del bastón y los gases lacrimógenos sino sentándose a una mesa y ofreciendo alternativas”, advirtió Schmid al término de la reunión, como síntesis.

fuente:ambito.com

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