El rastro del dinero persigue a Donald Trump. Su incapacidad para desvincularse de su imperio inmobiliario y su negativa a hacer pública su declaración fiscal han empezado a jugar en contra. Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, ambos bajo la égida demócrata, han presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos por supuesta violación de la cláusula constitucional que impide a los altos cargos aceptar emolumentos de gobiernos extranjeros.

La polémica, de fuerte carga política, no es nueva. Trump ha hecho del manejo de su fortuna un asunto opaco. No sólo ha sido el primer mandatario en 40 años que no ha presentado ante la opinión pública sus impuestos, sino que el destino de los beneficios suscita una cuestión crucial: ¿si estos proceden, aunque sea parcialmente de Estados extranjeros, hasta qué punto no representan un pago al presidente? Al igual que los fiscales, grupos civiles ya han llevado ante los juzgados esta presunta incompatibilidad. En su respuesta, los abogados de la Casa Blanca han señalado que el tipo de pagos que reciben las empresas de Trump son legales.

“Ni la Constitución ni la historia legal de la citada cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de los negocios del presidente que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”, ha indicado en un escrito del Departamento de Justicia. Esta postura ha sido avalada por algunos expertos jurídicos, que subrayan que el veto fue incluido en la Constitución con el objetivo de evitar que los altos cargos estadounidenses fuesen empleados de potencias extranjeras.

Las fiscalías de Maryland y el Distrito de Columbia lo ven distinto. Consideran que el presidente ha entrado en colisión con la ley al no haberse desvinculado plenamente de su emporio. Pese a la magnitud de su entramado, Trump simplemente ha transferido la gestión a sus hijos Donald y Eric. Con esta maniobra, el presidente mantiene control sobre sus negocios, como demuestra que siga recibiendo informes de sus estados financieros. Esta dependencia, según el ministerio público, le haría susceptible de ser influido por los pagos de gobiernos extranjeros a sus compañías. Entre estas percepciones podrían verse incluidas algunas que han despertado suspicacias, como las efectuadas por Kuwait, Arabia Saudí y Turquía a través de reservas en hoteles y la contratación de espacios para actos.

“Para guardar fidelidad a la Constitución es fundamental que el presidente desvincule sus finanzas privadas de los poderes domésticos y extranjeros. Nunca antes un presidente actuó con tal desprecio a las prescripciones constitucionales”, afirma la demanda. Tras su presentación, adelantada por The Washington Post, el caso aún deberá ser admitido a trámite por un juez federal. Los fiscales han prometido investigar hasta qué punto el presidente sigue ejerciendo la dirección del conglomerado y también van a solicitar sus declaraciones de Hacienda, uno de los secretos mejor guardados de la Casa Blanca.

FuenteEl Paìs, España
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